El aplazamiento de VeriFactu anunciado para octubre de 2028 ofrece más margen para preparar la facturación digital, aunque vuelve a plantear dudas sobre la estabilidad normativa y la planificación empresarial.
El nuevo aplazamiento de VeriFactu hasta octubre de 2028 vuelve a modificar el calendario de adaptación a la facturación digital. La decisión de la AEAT pretende coordinar este sistema con la implantación de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, evitando que las empresas tengan que afrontar los cambios tecnológicos en momentos diferentes.
La medida alivia a quienes todavía no han adaptado sus programas de facturación, pero también obliga a reflexionar sobre una cuestión fundamental: ¿es suficiente con conceder más tiempo o necesitamos, además, una normativa estable y una planificación clara? Desde una perspectiva económica y fiscal, existen argumentos razonables tanto a favor como en contra.
Aunque se suelen confundir, VeriFactu y la factura electrónica tienen objetivos muy distintos. VeriFactu forma parte de la normativa que establece los requisitos que deben cumplir los programas informáticos de facturación, con el propósito de garantizar la integridad, la trazabilidad y la conservación de los registros, entre otros aspectos. La remisión de los registros a la Agencia Tributaria es una característica de la modalidad VeriFactu, no una obligación idéntica para todos los sistemas contemplados. Mientras que la factura electrónica obligatoria, por su parte, regula el intercambio de facturas electrónicas entre empresarios y profesionales.
Coordinar ambas obligaciones puede reducir duplicidades, facilitar la adaptación tecnológica y evitar inversiones innecesarias. Sin embargo, esa coordinación debe respetar las particularidades de cada normativa y aclarar qué requisitos deberá cumplir cada empresa.
La principal ventaja del aplazamiento es el beneficio de disponer de más tiempo para prepararse. La adaptación a la facturación digital no consiste únicamente en instalar un programa nuevo. Puede exigir revisar procedimientos, formar al personal, reorganizar tareas administrativas y asumir costes de software, mantenimiento o asesoramiento.
Para los autónomos y las pequeñas empresas, que suelen contar con recursos limitados, disponer de un plazo más amplio facilita una transición ordenada y reducir errores.
También puede ser positivo que las empresas planifiquen conjuntamente sus necesidades de facturación, gestión documental y contabilidad, en lugar de afrontar cada cambio normativo de manera aislada.
Desde este punto de vista, el aplazamiento tiene sentido económico: una adaptación bien planificada puede resultar mucho menos costosa y más eficiente que varias modificaciones con adaptaciones sucesivas.
La principal desventaja de cambiar continuamente las fechas es la incertidumbre que se genera y los costes aparejados. Cuando los plazos de una obligación se modifican repetidamente, las empresas encuentran más dificultades para decidir cuándo invertir, qué solución tecnológica contratar y cómo organizar sus recursos.
Además, quienes ya han realizado inversiones para adaptarse pueden considerar que su anticipación no ha obtenido la ventaja esperada. No significa que esa inversión carezca de utilidad, pero sí pone de manifiesto la importancia de ofrecer calendarios previsibles y reglas claras.
La estabilidad normativa también forma parte de la seguridad jurídica. Las empresas necesitan tiempo para adaptarse, pero necesitan, sobre todo, poder confiar razonablemente en los plazos anunciados.
El nuevo calendario no debería interpretarse como una invitación a dejarlo todo para el último momento. Y que al aplazarse no olvidamos de las obligaciones. Las empresas deben aprovechar este periodo para revisar sus programas de facturación, comprobar las necesidades de su actividad, consultar las condiciones de sus proveedores y preparar a sus trabajadores.
Tampoco sería prudente contratar precipitadamente una solución tecnológica sin comprobar que responde a las necesidades reales del negocio y a los requisitos normativos que finalmente resulten aplicables.
La digitalización no debería convertirse en una sucesión de gastos obligatorios sin retorno. Bien planteada, debe ayudar a reducir errores, ahorrar tiempo administrativo, controlar mejor los cobros y disponer de información económica más útil para tomar decisiones.
Considero razonable buscar una implantación coordinada de VeriFactu y la factura electrónica. Evitar duplicidades y facilitar la adaptación de las pequeñas empresas son objetivos que merecen atención. Pero el aplazamiento solo tendrá un resultado positivo si este tiempo adicional se utiliza para resolver dudas, simplificar procedimientos y garantizar que las obligaciones sean comprensibles y asumibles.
La Administración debe proporcionar instrucciones claras, mantener la coherencia entre las distintas normas y evitar nuevos cambios de calendario que obliguen a rehacer la planificación empresarial. Por su parte, las empresas no deberían paralizar sus decisiones, sino prepararse con criterio, sin precipitar inversiones ni confiar en que las obligaciones volverán a retrasarse. El problema no es que se conceda más tiempo; el problema sería que ese tiempo no sirviera para mejorar la implantación.
La facturación digital puede contribuir a modernizar la gestión empresarial y combatir el fraude, pero su eficacia dependerá también de que las exigencias sean proporcionadas y de que su aplicación resulte viable para negocios de tamaños y capacidades muy diferentes.
En definitiva, el aplazamiento puede ser una oportunidad para hacer las cosas mejor. Ahora corresponde convertir ese margen adicional en planificación, seguridad jurídica y una transición tecnológica útil para las empresas, no en otra espera pendiente de la próxima fecha de un aplazamiento sucesivo…